La Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó sin efecto la suspensión que desde noviembre de 2025 impedía a los Tribunales Colegiados dictar sentencia en amparos en revisión vinculados a los artículos 43, 47 y Quinto Transitorio de la Ley Orgánica del TFJA. El alcance del acuerdo queda limitado a los casos en que subsista el análisis de validez o interpretación de ese régimen de nombramientos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó el acuerdo mediante el cual deja sin efecto el aplazamiento que ella misma había ordenado en septiembre de 2025 respecto de asuntos vinculados con la tarifa del impuesto sobre adquisición de inmuebles en la capital del país.
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa anuló la resolución sancionatoria emitida en 2024 contra la empresa Mape+tzin, S.A. de C.V., dentro del procedimiento administrativo PA/0004/2023 seguido por el entonces Órgano Interno de Control de IMSS-Bienestar. La sentencia quedó firme en junio de 2026.
La Suprema Corte avaló una disposición de la Ley Estatal de Educación de Chihuahua que promueve las reglas gramaticales del español, pero precisó que esa norma no autoriza prohibir ni desincentivar la enseñanza del lenguaje inclusivo, el cual considera una herramienta para avanzar hacia la igualdad sustantiva.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó expresiones del Decreto 476 de Michoacán que autorizaban sancionar a candidaturas independientes según la percepción ciudadana de que actuaban en bloque. El Pleno sostuvo que las infracciones electorales deben fundarse en conductas claras y verificables.
La Suprema Corte modificó una sentencia de amparo para proteger el agua de comunidades indígenas de Hopelchén, Campeche, donde existen indicios de presencia de glifosato. El tribunal estableció que la falta de certeza científica absoluta no puede usarse para posponer medidas de protección ambiental.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los pueblos y comunidades indígenas pueden ser reconocidos como terceros interesados en controversias constitucionales cuando la resolución pueda afectar sus derechos o intereses. La decisión se sustenta en una interpretación conjunta de los artículos 2 y 17 de la Constitución federal.
La SCJN determinó que exigir comprobantes formales de domicilio para acreditar interés legítimo en zonas de pobreza y asentamientos irregulares es desproporcionado. Las autoridades deben garantizar al menos 100 litros diarios por persona y desarrollar un programa de infraestructura hidráulica.
La Suprema Corte determinó que los hospitales privados están obligados a garantizar atención oportuna y de calidad a personas con discapacidad, y que el diagnóstico de síndrome de Down no puede reducir el nivel de exigencia aplicable. El caso regresa a tribunal colegiado para una nueva resolución.
La Suprema Corte ordenó revisar con perspectiva de género un litigio en el que un hombre exigió a su excónyuge el pago de un pagaré por cinco millones de pesos, firmado el día de la boda en un presunto contexto de violencia. En la misma sesión, el Pleno confirmó la constitucionalidad de la norma que regula los pagos provisionales de personas morales que dejan de tributar en el RESICO.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación cerró el 15 de julio su primer periodo ordinario de sesiones de 2026. Durante el receso, una comisión integrada por dos ministros atenderá asuntos administrativos y jurisdiccionales de carácter urgente hasta el 2 de agosto.
La Suprema Corte confirmó que las declaratorias de áreas naturales protegidas son modalidades válidas a la propiedad y no requieren audiencia previa. En paralelo, ordenó revisar si el sistema de prestaciones de vivienda de Pemex cumple con el estándar constitucional del derecho a la vivienda.
La Suprema Corte resolvió que las reglas de financiamiento público para inversiones productivas en Guanajuato se ajustan a la Constitución federal. El fallo abarca la Ley de Ingresos del estado y el Decreto 164, que regulan montos, destino y rendición de cuentas de los recursos obtenidos mediante deuda.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo que obligan a los empleadores del sector agrícola a proveer habitación, alimentación, agua y traslado médico a sus trabajadores son compatibles con la Constitución. El Pleno resolvió tres amparos en revisión el 5 de agosto de 2026.
La Suprema Corte determinó que el Congreso de Jalisco incumplió el mandato federal de armonizar su código procesal civil con el modelo de adopción plena e irrevocable. En el mismo periodo de sesiones, el Pleno fijó que los juzgadores deben analizar de forma integral las relaciones de poder en casos de violencia sexual.
La Suprema Corte ordenó al Ejecutivo Federal expedir en 180 días hábiles el Reglamento de la Ley General de Pesca, pendiente desde 2008, tras un amparo promovido por pescadores de Alvarado, Veracruz. En otra resolución, confirmó la validez de las normas que reconocen a artistas y fotógrafos un porcentaje por la reventa de sus obras.
La Suprema Corte determinó que reservar el registro de Responsable Oficial de Protección Civil a personas físicas no viola derechos de igualdad ni libertades de trabajo y asociación. La distinción se sustenta en garantizar que funciones de seguridad recaigan en alguien plenamente identificable.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación validó el decreto publicado el 30 de abril de 2024 que creó el Fondo de Pensiones para el Bienestar y precisó que los ahorros transferidos desde las AFORES siguen siendo propiedad de los trabajadores. En el mismo periodo de sesiones, el tribunal reiteró que la UIF puede bloquear cuentas bancarias cuando existen indicios razonables de operaciones ilícitas.
La Suprema Corte determinó que el sistema de días multa de Baja California Sur cumple con la reforma constitucional de desindexación del salario mínimo. En un asunto separado, ordenó reponer un juicio de amparo por no haber emplazado a dos personas sentenciadas a 25 años de prisión que debían figurar como terceros interesados.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación validó en términos generales la Ley del Fondo de Ahorro para el Retiro Digno de Nayarit, aunque invalidó varios artículos por extender el régimen al sector privado, excluir enfermedades crónicas de riesgos de trabajo e imponer requisitos indebidos para cargos directivos.
La Suprema Corte declaró inválidos artículos de Tamaulipas sobre empleo público para personas con discapacidad por no haber realizado consulta previa. En un asunto separado, estableció que la autoadscripción indígena ante una autoridad es suficiente para activar medidas de acceso a la justicia.
Un juzgado federal ordenó cancelar temporalmente el registro de la empresa Intman, S.A. de C.V. en el Padrón de Proveedores y Contratistas Sancionados de la Secretaría de la Defensa Nacional. La suspensión provisional estará vigente hasta que se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo indirecto.
La Suprema Corte invalidó artículos de la Ley de Voluntad Anticipada de Chiapas por no haber realizado la consulta previa a personas con discapacidad. La invalidez de algunas normas es inmediata; la de otras quedó diferida 12 meses para que el Congreso local legisle.
La Suprema Corte anuló disposiciones de Tabasco y Baja California Sur sobre extorsión por invadir facultades legislativas del Congreso federal. En la misma sesión estableció jurisprudencia sobre suspensión provisional en amparos contra bloqueos de comprobantes fiscales.
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