Los contratos detrás de una nueva política pública

El programa se anunció como un cambio de fondo en la manera de atender un problema social de larga data. Nueve meses después, su ejecución descansa en cuatro empresas que no existían cuando la política se diseñó.

Nodo Público obtuvo las actas constitutivas, los fallos de adjudicación y el padrón de proveedores del programa. El cruce documental revela coincidencias que no se explican por azar: dos domicilios fiscales compartidos, un mismo representante legal en tres de las cuatro sociedades y fechas de constitución separadas por menos de once semanas.

Lo que dicen los documentos

Las cuatro sociedades fueron inscritas en el registro de proveedores dentro de los sesenta días previos a la publicación de la primera convocatoria. Ninguna acreditó experiencia previa en el objeto contratado; las bases no la exigían.

Las respuestas

La dependencia respondió que todos los procedimientos se ajustaron a la normatividad aplicable y que la coincidencia de domicilios no constituye por sí misma un impedimento legal. Las cuatro empresas fueron consultadas; dos no respondieron y dos remitieron a la dependencia.

Este trabajo no afirma la existencia de un delito. Documenta un patrón de contratación que la propia autoridad puede explicar y que, hasta ahora, no ha explicado.